Paso de los Libres: piden que 17 personas vayan a juicio por trata de personas



Paso de los Libres: piden que 17 personas vayan a juicio por trata de personas

Entre los imputados se encuentra un ex fiscal federal, dos abogados y un ex comandante de la Gendarmería Nacional. Están acusados de explotar al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad, una de ellas menor de edad, en tres prostíbulos ubicados en dicha localidad correntina.

En una presentación conjunta, los fiscales Aníbal Fabián Martínez, Carlos Schaefer y Alejandra Mángano –responsables de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y cotitular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), respectivamente- le solicitaron a la jueza a cargo del Juzgado Federal de Paso de los Libres, la elevación a juicio de la investigación seguida contra diecisiete personas en orden al delito de trata de personas.
Entre los imputados se encuentra el ex fiscal federal de Paso de los Libres, Benito Pont, dos abogados de la matrícula y un ex comandante de la Gendarmería Nacional, quienes están acusados de integrar distintas organizaciones delictivas mediante las cuales se habrían explotado sexualmente al menos a 38 mujeres en situación de vulnerabilidad, en diferentes locales nocturnos ubicados en dicha ciudad correntina, bajo la “protección” y “blindaje  judicial” del ex fiscal, quien se encuentra acusado de desviar y dilatar las investigaciones que tenía a su cargo.
Así, los representantes del Ministerio Público Fiscal consideraron que cinco de los imputados debían responder como jefes de una asociación ilícita, otros seis como miembros de la misma y uno de ellos como partícipe necesario. En relación al delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por haber sido cometida mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños, por la intervención de más de tres personas, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado la explotación, se solicitó el enjuiciamiento de diez de los imputados como coautores y cuatro como participes primarios, mientras que a uno de ellos se le endilgó también el delito de amenazas y a otro de ellos los de encubrimiento agravado, prevaricato, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Finalmente, se solicitó que tres de los diecisiete imputados sean sometidos a juicio como autores y participe primario de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por haber sido cometida mediante abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, amenazas, violencia y engaños y por haberse consumado la explotación.
Argumentos y pruebas consideradas por la fiscalía
A partir de la pesquisa se advirtió en las víctimas “un discurso aleccionado a fin de que negaran estar allí en situación de prostitución y no explicaran a nadie cómo funcionaba verdaderamente el lugar, tanto a las autoridades policiales como judiciales, al igual que a los miembros de su familia, o a los clientes/prostituyentes”.
En su presentación, los fiscales afirmaron: “Este expediente concentra una muestra del funcionamiento prostibulario en la localidad de Paso de los Libres, sobre las formas de reclutamiento de mujeres, controles, multas y descuentos por parte de los proxenetas, participación de funcionarios judiciales, abogados de la matrícula y de las fuerzas de seguridad para la continuidad de un comercio ilegal como el de la explotación sexual y controles municipales laxos o inexistentes, mujeres extranjeras y provenientes de otras ciudades y provincias de nuestro país, pero todas ellas en una situación de necesidad económica impostergable, continua rotación y recambio de las mujeres explotadas en cada uno de estos lugares y un considerable rédito económico percibido por los imputados a costas de la prostitución ajena”.
De esta forma, consideraron que de acuerdo con la prueba recolectada, los hechos investigados “dan cuenta de la existencia de organizaciones criminales destinadas a la trata de personas con fines de explotación sexual y a la explotación económica de la prostitución ajena de, hasta el momento, treinta y ocho casos”. Y agregaron: “Con la información reunida hasta el momento, pueden delinearse distintos roles de los integrantes de las organizaciones aquí investigadas, y con ello su estructura y una actuación coordinada para cometer delitos graves, que precisaban de intervenciones o ‘tareas’ preasignadas entre los integrantes, las cuales permitían perpetuar los objetivos de la organización”.
Los representantes del MPF también destacaron que “cada una de esas mujeres que son explotadas por la organización se consideran hechos delictivos autónomos, y el constante flujo de ingreso, egreso y rotación de esas mujeres, hace que quienes formen parte de esta organización deban conocer y querer la renovada explotación sexual de cada una de ellas. Porque precisamente de eso se trata su negocio”.
Reparaciones económicas para las víctimas y decomiso de bienes de los imputados
Finalmente, solicitaron reparaciones e indemnizaciones económicas para las damnificadas, velando el derecho de las víctimas de trata y explotación de personas a la reparación económica de los daños ocasionados por el delito y el acceso a la justicia. En ese sentido, remarcaron que las mujeres sometidas “han sido objeto de un menoscabo en su cuerpo y psiquis, en su capacidad de decisión -al punto de ser reducidas a su expresión mínima-, de una despersonalización tal que significó una cosificación”, por lo que “se impone la adopción de medidas que resulten adecuadas para eliminar los efectos del delito y que el daño que en consecuencia han sufrido la víctima no se profundice por su contacto con el sistema de justicia. Es decir, en estos casos especiales en los que la víctima se encuentra en una delicada situación de vulnerabilidad, el Estado debe hallar la forma de otorgarle un acceso integral a la justicia, lo que debe traducirse en el sentido de no someterla a la realización de pasos procesales o exigencias que signifiquen una nueva victimización”, afirmaron en su escrito.
“Sobre este punto, nuestro país, al suscribir instrumentos internacionales sobre la materia, ha asumido el compromiso internacional de brindar a dichas víctimas las herramientas necesarias para la obtención de una indemnización y restitución”, concluyeron.

 

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